Los empresarios catalanes y la segunda república (1931-1936), per Soledad Bengoechea

Sopar de l'Associació d'empreses periodístiques, organitzat per Fomento del Trabajo Nacional a Barcelona. Mundo Gráfico, 04/01/1933
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Soledad Bengoechea, historiadora

Los países donde tuvo lugar un proceso de industrialización estuvieron marcados por una fuerte confrontación social que apareció pronto, deviniendo un fenómeno habitual. Los obreros se organizaban y reclamaban, primero, mejoras en las condiciones de trabajo y, más tarde, un cambio en el orden social establecido. En los lugares en que los patronos se mostraron más reacios a hacer concesiones, la radicalización obrera se acentuó. Los empresarios respondieron entonces organizándose con el fin de oponer un frente unido a las demandas de los obreros, al tiempo que impugnaban la legislación social reformista emanada de los sucesivos gobiernos y les reclamaban una mayor represión contra el movimiento obrero.

La presente reflexión histórica parte de un apriorismo: ciertos acontecimientos históricos acostumbran a repetirse. Puede afirmarse que, para el caso barcelonés, algunos aspectos de la Segunda República instaurada en España el año 1931 no significaron una ruptura respecto a los últimos años de la Restauración monárquica de la etapa democrática, sino un continuismo en el que la dictadura de Primo de Rivera sería solamente un paréntesis. Quien suponga que las raíces del presente se encuentran en el pasado encontrará en testimonios amortajados en archivos y bibliotecas testimonios que dan cuenta de ello.

Un primer paralelismo que debe destacarse es el espectacular crecimiento de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), sindicato anarcosindicalista de cariz revolucionario; un segundo, y como consecuencia de este desarrollo, un aumento de la conflictividad social. Por último, hay que señalar que, como respuesta a la provocación obrera y siguiendo su táctica, se distingue una similitud en las prácticas organizativas de los empresarios.

La hipótesis que se plantea es que, a pesar de que están contextualizados en unos marcos políticos muy diferentes -una monarquía y una república-, la movilización empresarial que tuvo lugar en las dos etapas respondió a cuestiones sociales de fondo similares. Situadas como sujetos principales de análisis las organizaciones patronales, esta hipótesis descansa en un determinismo histórico: las clases dominantes, tanto en la época de la Restauración, como durante la República, percibieron la necesidad de dar una respuesta adecuada a una época convulsa, a la crisis europea de entreguerras.

 La caída del régimen dictatorial español de Miguel Primo de Rivera, en 1930, se tradujo en un aumento de conflictos sociales después de casi siete años de represión. Al dictador le sucedió otro militar, el general Berenguer, que proponía una vía intermedia. Con este panorama en la política española, el Gobierno convocó unas elecciones municipales para el 12 de abril de 1931, que fueron el detonante de la proclamación de la Segunda República Española.

 Abril de 1931

La Segunda República Española llegó a Barcelona en el marco de la primavera de 1931. Fue el inicio de una “primavera republicana”, llena de expectativas y de esperanzas. Muchos barceloneses soñaban con unos aires nuevos que despejaran las nieblas del pasado y, con esta ilusión, el 14 de abril marcharon entrelazados Ramblas arriba y abajo entonando el himno de La Marsellesa. Francesc Macià, figura del partido ganador, Esquerra Republicana de Catalunya, antiguo coronel del ejército español y conspirador catalanista durante la Dictadura anterior, era el nuevo líder político que emergía aquellos días. Puede decirse que era la antítesis de Francesc Cambó, parlamentario de la Lliga Regionalista, partido liderado por hombres de la oligarquía local.

Instaurada la República, el miedo de una gran parte de la clase obrera a expresarse libremente desapareció. El marco democrático coincidió con un aumento de afiliación sindical, sobre todo a la CNT. Muchos trabajadores que hasta entonces se habían mantenido al margen del sindicalismo o que habían militado en los Sindicatos Libres ingresaron en el sindicato confederal. El cambio de un sindicato a otro no ha sido infrecuente en la historia del movimiento obrero, porque no todos los trabajadores mantenían una ideología determinada. Lo que los obreros necesitaban era una organización que les permitiese defender sus reivindicaciones.

 La conflictividad social

Los anarcosindicalistas aprovecharon las posibilidades que les ofrecía la nueva situación para tratar de alcanzar una serie de mejoras, como mínimo para recuperar las que habían conseguido durante años de lucha anteriores a la Dictadura. Al iniciarse la Segunda República la situación de la clase obrera era deplorable. En las industrias de la construcción y el metal el paro era muy elevado, después de acabadas las obras del metro y de la Exposición Universal de 1929. Durante el primer año de instaurado el nuevo régimen la conflictividad social fue muy intensa. Los sectores que más huelgas plantearon fueron el metal, la construcción y el textil, los ramos más importantes de la economía catalana del momento. El segundo año la pugna remitió, para volver con un mayor empuje en 1933, el año más conflictivo de todo el período republicano. A causa de la nueva legislación, la gran mayoría de paros decretados por la CNT eran ilegales, y este sindicato se negaba a acudir a cualquier mediación conciliatoria. Ello provocaba un distanciamiento real entre la militancia cenetista y el régimen. Y el Gobierno temía detener a los promotores de los conflictos, por miedo a entrar en una guerra con la CNT, que tenía afiliada la mayoría de la clase obrera barcelonesa. Pero si no respondía con autoridad se desprestigiaba. De ahí que esta cuestión fuese de difícil resolución.

Un informe de la Cámara de Comercio y Navegación de Barcelona relativo al segundo semestre de 1931 indica que durante esos meses sólo en la ciudad condal se plantearon 120 huelgas. Como consecuencia de las duras condiciones de trabajo, de los despidos y del paro se produjeron también atracos, agresiones a mano armada y explosiones de artefactos que causaron una gran alarma social, llegando a producir una reducción de la circulación de automóviles, sobre todo por las noches. Estos conflictos crearon tal clima de temor entre la burguesía que los dirigentes de la patronal Fomento del Trabajo Nacional acordaron abrir una subscripción para recoger fondos con los que sufragar la construcción de un cuartel para la Guardia Civil. Algunas de las razones que se daban para ello eran que más de 500 números del cuerpo se hallaban alojados en barrios obreros y que esto retrasaría su rápida concentración en caso de necesidad. Además, los empresarios temían que, en caso de agitación social, dichos guardias correrían peligro al tener que atravesar las barriadas vestidos de uniforme.

El proyecto de construir un nuevo cuartel no era nuevo. Ya en tiempos de  Martínez Anido, allá por los años veinte, se había elevado esta petición, quedando paralizada. Destinadas a la misma finalidad, la Cámara de Comercio y Navegación y la Asociación de Banqueros hacía tiempo que habían donado  50.000 pesetas cada una.

La Junta de Enlace de las Sociedades Económicas de Cataluña

La conflictividad laboral creaba un profundo malestar entre diversos sectores sociales y las clases conservadores consideraban que el gobierno autonómico no actuaba con la suficiente autoridad y que la policía no era capaz de reprimir a los huelguistas con la suficiente mano dura. Bajo esta percepción, muchos empresarios volvieron la vista atrás, a los años inmediatamente anteriores a la dictadura de Primo de Rivera. Por ello, como entonces, se fraguó la propuesta de crear una milicia de elementos conservadores que supuestamente salvaguardaría el orden en la ciudad. Igualmente, esta sensación de indefensión fue el motor que había impulsado a la patronal a agruparse de nuevo: “al començament dels conflictes els patrons anaven sols, aïllats, però ara s’agrupen i estan disposats a arribar allà on calgui”, como señalaba la patronal del textil el 8 de agosto de 1931.

Ciertos sectores patronales, atemorizados ante la amenaza obrera, se decidieron  a cerrar más sus filas. Este desafio les indujo a esbozar la idea de reconstituir el Sindicato Patronal Único, la organitzación de combate que había funcionado los años anteriores a la Dictadura de Primo de Rivera. Entonces, aquel sindicato, agrupando casi todas las asociaciones patronales y aliadas con el ejército, había sido una fuerza de choque contra la clase obrera y contra los gobiernos de la Restauración. Pero el  jefe de policía de Barcelona no consintió la creación de dicho Sindicato. Por ello la patronal decidió una alternativa.

La aprobación por las Cortes del Estatuto de Autonomía de Cataluña, en septiembre de 1932, y el inicio del servicio de traspasos de competencias del Estado a la Generalitat constituyeron otros momentos claves en los que la patronal barcelonesa reaccionó y llevó a cabo un gran movimiento de reunificación de sus fuerzas. Aunque pueda parecer extraño, dada la catalanidad de la que los líderes empresariales hacían gala, lo cierto es que se oponían a que la cuestión que hacía referencia a los conflictos sociales, ahora en manos del poder central, pasaran a ser competencia de la Generalitat, porque consideraban que este poder se mostraba más tolerante que el central situado a Madrid. Con la intención de poder intervenir en la manera de transferir estos traspasos, el 24 de diciembre, en la sede del Fomento del Trabajo Nacional se celebró una asamblea a la que asistió un gran número de comisiones de diferentes entidades económicas, entre las cuales se encontraban las que aglutinaban los grandes empresarios, pero también los pequeños y medianos.

La asamblea acordó establecer un órgano de relación, una especie de organismo patronal que llevaría por nombre “Junta de Enlace de las Sociedades Económicas de Cataluña”. Estaría integrada por los presidentes de las sociedades adheridas que agrupaban todos los diferentes ramos de la producción. Como líder fue nombrado Luís Bosch-Labrús, presidente del Fomento del Trabajo Nacional. Esta Junta tendría una comisión permanente constituida por los presidentes de algunas de las entidades anunciadas y, en teoría, realizaría varias funciones, entre ellas la de escuchar y responder las consultas y las dudas que pudiesen tener los empresarios.

De aquí en adelante, esta entidad constituyó un elemento aglutinador de las fuerzas económicas, actuando como una verdadera herramienta de presión. Durante los años de la República, hasta la Guerra Civil, participó constantemente en la vida económica (industrial, comercial y agraria), política y social catalana. Cuando algún ramo empresarial tenía un conflicto contactaba con el presidente de la Junta de Enlace con el fin de que esta entidad pudiese intervenir con toda la potencia que le proporcionaban la gran cantidad de asociaciones que tenía enroladas. También resultó muy activa en todo lo que hacía referencia a las relaciones con el poder político. Envió cartas y se relacionó tanto con miembros del gobierno como de la Generalitat siempre que percibió que la situación lo requería.

La relación que la Junta de Enlace mantuvo con los poderes políticos se puso plenamente de manifiesto el 19 de julio de 1933, cuando los representantes de las distintas asociaciones patronales catalanas que constituían dicha Junta libraron al “Conseller primer de la Generalitat de Catalunya” un documento, en el que se decía, entre otras cosas, que la ley decaía cada día por la ineficacia política, al tiempo que crecía una actuación anárquica que no respetaba nada. En definitiva, el documento solicitaba a las autoridades que las leyes se cumpliesen estrictamente. Y la Junta de Enlace solicitaba al gobierno de la Cataluña autónoma que mientras no dispusiese de los instrumentos de poder para garantizar el orden público reclamase del gobierno de la República una mano dura, una actuación enérgica contra la anarquía que supuestamente destruía Cataluña.

Después de haber estudiado el papel que tuvo el Sindicato Patronal Único durante los años anteriores a la Dictadura de Primo de Rivera, es obvio formular una serie de  hipótesis respecto a las acciones que podría haber tenido la Junta de Enlace en los años de la República: que en su seno existiera una caja de resistencia mediante la cual los patronos podían hacer frente a las huelgas y al propio locaut. Incluso que la Junta estuviese en posesión de listas negras, a través de les cuales los empresarios podían contratar los obreros considerados menos conflictivos.

Hacia una reorganización de la patronal española

Desde 1914, de manera intermitente la patronal barcelonesa había tratado de organizar a los empresarios españoles bajo su liderazgo. Así se fundó la Confederación Patronal Española. Recién implantada la República, ante la amenaza del movimiento obrero y teniendo como trasfondo el reformismo que en materia laboral comenzaba a imponer el ministro de Trabajo, el socialista Francisco Largo Caballero, desde Barcelona se volvió a intentar esta organización global. Para ello se hizo una llamada al empresariado español. La intención era realizar una reunión multitudinaria ante el presidente del gobierno provisional. Su finalidad: presionar para evitar la consumación de tal legislación reformista. La invocación resultó un éxito, ya que consiguió reunir en Madrid más de quinientos representantes de entidades patronales llegadas de todo España (lo cual da una idea de la cantidad de asociaciones en las que estaba enrolada la patronal) y el 5 de junio de 1931 se organizó un solemne acto en el Palacio del Senado. No obstante el éxito de la convocatoria, la propuesta no cuajó.

Más tarde, una vez constituida la Junta de Enlace de las Corporaciones Económicas catalanes, durante el mes de abril de 1933, Luís Bosch-Labrús, presidente del Fomento del Trabajo Nacional y de la propia Junta de Enlace, envió una misiva  al presidente del Círculo Mercantil e Industrial de Albacete. Respondía así a una carta que éste le hizo llegar unos días antes, en la que le comunicaba su deseo de reunir periódicamente las entidades económicas españolas para tratar cuestiones de carácter nacional. Bosch-Labrús estaba encantado con esta iniciativa y comunicó a su interlocutor que en Barcelona ya existía un organismo que aglutinaba la industria, el comercio y la agricultura catalanas: era la Junta de Enlace. La carta que Bosch-Labrús envió al presidente del Círculo de Albacete era un comunicado por medio del cual se le informaba que  el Fomento, por lo que afectaba a las Corporaciones de Cataluña, ya había reunido todas las asociaciones agrícolas, industriales y comerciales, constituyendo la llamada “Junta de Enlace”.

Y a principios de 1934 se volvía a hablar de hacer extensiva la Junta de Enlace a todas las entidades económicas españolas:

Distinguido amigo: Tengo el gusto de acusarle recibo de su atenta  del 2 del corriente relativa a la próxima reunión para organizar la Junta de Enlace de las Entidades Patronales de España. El texto convocatoria me ha parecido muy bien y dejo a su arbitrio la fecha de la reunión.

 No obstante, todo parece indicar que este proyecto tampoco pudo llevarse a cabo.

 Febrero de 1936: triunfo del Frente Popular

 El marco político creado por el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936 favoreció la actuación de los sindicatos, perseguidos durante casi todo el llamado “bienio negro” en el cual gobernó una coalición de centro-derecha. Entonces se inició una nueva oleada de conflictos laborales y de huelgas, y el paro continuó agravándose. Las manifestaciones, mítines y movilizaciones se sucedían cotidianamente. Las calles se llenaban de trabajadores que gritaban consignas y la gente de orden temía el estallido de una revolución. Se tenía la percepción de que un lenguaje que hablaba de división de clases y que incitaba al enfrentamiento había impregnado la atmósfera. Este párrafo emitido por una entidad económica de la ciudad es bien significativo:

Per tant, més que mai, cal deixar la demagògia; cal desoir les incitacions a revolucions socials; prou punys enlaire; prou himnes exòtics; prou excitació d’odis; prou d’estridències d’una i altra part.

Por un decreto del día 29 de aquel mes, y con la finalidad de frenar la violencia en las relaciones laborales, el gobierno central presidido por Manuel Azaña decretó la readmisión de los obreros que habían sido despedidos el primero de enero de 1934 por actividades subversivas. Además, los readmitidos, habrían de ser indemnizados con unas sumas que variarían del importe de treinta y nueve jornales hasta un máximo de seis meses de salario. Se produjo una fuerte presión en pro de la readmisión de los despedidos, a pesar de que la situación de crisis no ofrecía señal de mejoría desde su agravación en 1933.

La ley que obligaba a readmitir a los despedidos provocó una gran reacción entre la patronal. Se negaba a asumir esta medida bajo el argumento de que vulneraba los cursos legales y de que iba en contra de la esencia misma de la realidad económica al destruir la estabilidad del régimen de trabajo. Con el fin de reafirmar  su postura, una representación de les entidades económicas se trasladó a Madrid para entrevistarse con el ministro de Trabajo. Una vez más, el poder económico, por medio de sus delegados, no ocultaba su intención de presionar directamente sobre los poderes políticos.

La patronal estaba exasperada porque la derecha política había perdido el poder político y su actitud de intransigencia aumentaba ante cada demanda obrera. Cuando llegó el mes de junio, el boletín del Fomento  dibujaba un panorama apocalíptico:

Nadie puede desconocer el momento crítico que vive la economía nacional ante la avalancha de huelgas y conflictos sociales que continuamente se producen y que parece no tienen otra finalidad que perturbar las condiciones económicas del país y el desquiciamiento de su riqueza como base imprescindible para promover luego la revolución de la miseria y el hambre.

Después, los representantes de las entidades económicas se reunieron en el salón de actos del Fomento del Trabajo Nacional y aprobaron unánimemente un manifiesto dirigido a las autoridades y a la opinión pública que se hizo público por medio de la prensa. El escrito tuvo una resonancia en España, sobre todo, según el Fomento, por dos motivos. Uno de ellos, porque iba avalado con las firmas de las más importantes entidades económicas de Cataluña que representaban toda su actividad agrícola, industrial y comercial. El otro, porque el manifiesto era una exposición clara, contundente y serena de la dramática realidad actual y de las consecuencias dolorosas que se derivarían si los Poderes públicos no se decidían a poner remedio urgente a un estado de cosas que era ya insostenible.

Algunos de los párrafos del manifiesto son especialmente reveladores:

Sin contar la multiplicidad casi infinita de pequeños conflictos aislados circunscritos a cada empresa y a veces hasta concentrados a algunas de las secciones de la misma, que se producen y reproducen a cada momento y de los que contadas empresas escapan, aparecen los otros conflictos más ostensibles, más sonados, que afectan a estamentos enteros o sectores de las diversas actividades, a consecuencia de los cuales, y de la anarquía imperante las empresas padecen y se arruinan. Nadie puede saber fijamente a que costo le resultará la producción, cual será la calidad de los productos, si podrá cumplir los plazos de entrega, porque lo único cierto es que ya nunca se sabe cuándo ni cómo harán los obreros su trabajo. El espíritu del empresario está sobrecogido; nadie tiene ilusión ni aliento para establecer un negocio, ampliar el que existe, intensificar el trabajo. Todo se contrae, todo se va paralizando y cuando la desolación y la ruina hayan puesto fin a lo que era orgullo de nuestra tierra ya se nos dirá por donde vendrá el providencial remedio que acabe con la miseria que se apoderará de todos.

Para frenar la situación, las entidades citadas proponían, en primer lugar, robustecer el principio de autoridad. En segundo lugar, establecer una tregua prudencial por espacio de tres o cuatro meses en las luchas sociales, durante los cuales tendría que quedar rigurosamente prohibido presentar cualquier demanda de mejora laboral. La tregua se aprovecharía para un doble objetivo: renovar la composición de los Jurados Mixtos y celebrar una gran Conferencia de Trabajo que estudiase los problemas fundamentales que planteaban las cuestiones de trabajo.

Ninguna de estas resoluciones llegó a ponerse en marcha. Como es bien sabido un mes después de este manifiesto y de estas deliberaciones comenzaba la Guerra Civil Española. Una parte del ejército español, con el respaldo de un importante sector de la población civil, se había alzado contra el gobierno de la República. Desde el siglo XIX, en España, las fuerzas de derecha tendían a buscar la solución de los problemas mediante el golpe de estado militar y las dictaduras, mientras que las izquierdas no veían otra solución para lograr sus aspiraciones que la vía revolucionaria.

 Un balance

A lo largo de estas páginas, el apriorismo del cual ha partido el presente estudio ha estado ampliamente corroborado: ciertos aspectos de la Segunda República no significaron una ruptura respecto a los últimos años de la Restauración monárquica de la etapa democrática, sino un continuismo en el que la dictadura de Primo de Rivera seria sólo un paréntesis. Igualmente, otra de las hipótesis con la que se iniciaba este trabajo también se ha visto fundamentada: con modulaciones distintas, se ha puesto de manifiesto como existe un claro paralelismo en algunos de los acontecimientos producidos en Barcelona durante estas dos etapas: el crecimiento de la CNT, el aumento de la conflictividad social y la actitud y articulación empresarial en organizaciones unitarias. Los contextos políticos eran diferentes pero el sueño de la patronal era el mismo: conseguir frenar el auge del sindicato confederal que cuestionaba el orden vigente.

La consulta de la documentación emanada desde las corporaciones económicas que ha sido posible consultar, pues apenas quedan documentos sobre el período del Frente Popular ni en el archivo del Fomento del Trabajo Nacional, ni en los de las Cámaras de Comercio e Industria lo cual impide conocer cual fue la actitud de la patronal en este período crucial, pone de manifiesto que la movilización de la patronal durante los años anteriores a la Dictadura de Primo de Rivera fue desgastando el régimen liberal. Igualmente,  las posiciones de la patronal en la República llevan a sospechar que haría difícil su consolidación. Todo el conjunto parece constatar que, tanto durante la Restauración monárquica, como durante la República,  la actitud de dureza que los gobernantes adoptaron hacia los obreros estuvo en gran medida mediatizada por la reacción de la patronal. Ambos regímenes políticos se encontraban amenazados por las izquierdas revolucionarias que, en cierta medida, los desestabilizaban, pero también ciertos sectores de derechas y las corporaciones económicas los desafiaban y les solicitaban que empleasen una mano dura contra sus obreros.

Este paralelismo en la actuación de los empresarios en las dos etapas analizadas no es casual: muchos  de los patronos que habían dirigido las corporaciones económicas en los años de la Restauración, como Eusebio Bertrand Serra, Andrés Oliva,  Bartolomé Amengual, Luís Ferrer-Vidal.., entre otros, estuvieron presidiendo las juntas directivas de las corporaciones durante la República. Incluso después de la Guerra Civil, muchos dirigentes patronales de las dos épocas mencionadas ocuparon cargos de responsabilidad política en el nuevo régimen franquista.

Por último, situando la actuación de la patronal catalana en su entorno europeo existe la tentación de pensar que fue más dura, más cerrada, menos dispuesta a negociar y a hacer concesiones a los trabajadores, más reaccionaria, en definitiva, que no la del resto de Europa. Ahora bien, la comparación francesa, por ejemplo, nos obligaría a matizar esta argumentación. En Francia, la patronal tuvo una actitud también durísima ante las huelgas y asimismo la patronal francesa se resistió a cualquier forma de reconocimiento del derecho obrero a afirmar un peso dentro de la empresa. Los estudios sobre el tema permiten encontrar paralelismos. Al igual que en Cataluña, el empresario francés consideraba la organización obrera una intromisión externa inadmisible.

Referències

Bengoechea, S. (2005). Reacció en temps de canvis. La patronal catalana davant la República (1931-1936). Barcelona: Societat Catalana d’Estudis Històrics.

Per citar l’article: Bengoechea, S. (2015). Los empresarios catalanes y la segunda república (1931-1936), Catxipanda, 2(1).Recuperat (data de visualització), a http://wpu.ir/btlrc

 

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